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Una mirada tras bambalinas a CASEN 2015

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Transcurrida una semana desde que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterización Socio Económica (CASEN) 2015, un análisis detallado de los datos nos invitan a plantearnos una serie de preguntas derivadas de los porcentajes y gráficos entregados por el Gobierno a la opinión pública.

Realizada por el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de disponer de información sobre la situación de los hogares y de la población, especialmente aquella en situación de pobreza y de aquellos sectores prioritarios para la política social con relación a aspectos demográficos, educacionales, de salud, vivienda, trabajo e ingresos (carácter multidimensional del bienestar), la encuesta CASEN ha sido desde 1985 el instrumento metodológico con el que los gobiernos evalúan la eficacia de las políticas sociales implementadas en el país con una periodicidad bianual o trianual. En este sentido, los recientes datos entregados sobre la pobreza y distribución del ingreso en el país en el periodo 2013-2015, evidencian que la primera de estas variables viene en una sostenida disminución (de un 14,4% en 2013 a un 11,7% en 2015), lo que sumado a que la segunda registra una moderada mejora (de 0,491 en 2013 a 0,482 en 2015 según el coeficiente internacional de Gini) constituyen favorables y entusiastas noticias para el país en su conjunto. Sin embargo, es fundamental no escandilarse por las cifras o tratar de sacar conclusiones equivocadas originadas por la premura, sobre cuales serían los factores que explicarían estos datos.
Por una parte, no resulta sencillo distinguir entre cuánto de la reducción de la pobreza es resultado directo del crecimiento económico experimentado por el país, y cuánto de las políticas públicas que buscan focalizar el gasto en favor de la efectividad de los programas de ayuda social. Tampoco resulta apropiado sentir que con tan auspiciosos indicadores, el país se encuentra en una senda imparable y directa hacia el pleno empleo, la igualdad social y el 0% de pobreza, ya que estas condiciones están fuertemente determinadas por la situación cíclica de la economía y en comparación al resto del mundo, Chile como país miembro de OCDE debería hacer un mea culpa en lugar de un show mediático para ensalzar el orgullo nacional.
Dicho esto, el análisis desagregado de algunos datos nos entregan señales sobre las prioridades que debieran tener las políticas públicas: combatir el 18% de pobreza presente en los menores de 17 años, aumentar la cobertura de los subsidios monetarios del Estado (el 27,4% registrado fue el más bajo de las últimas 4 mediciones), regularizar la situación laboral, enfrentar la desocupación y replantearse el actual sistema previsional, entre otras. Pero mención aparte merece el hecho de que si bien la desigualdad se ha reducido moderadamente, ésta no ha caído gracias a una solución al problema estructural de la convivencia social que significa la desigualdad de ingresos, sino a que el nivel de ingresos de los sectores de más recursos del país ha experimentado una reducción (en parte explicada por la desaceleración de la economía), evidenciando la endeble correlación entre disminución de la brecha de desigualdad y mejoramiento de la calidad de vida.
En un país donde el 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más pobre, la disminución en la desigualdad del ingreso registrada por el coeficiente Gini, debe matizarse con el hecho de que de un total de 160 países medidos, Chile se ubica en el lugar número 133, al nivel de Zimbabue y como el país miembro de OCDE donde la desigualdad del ingreso es la mayor de los 34 Estados miembros, superando en más de un 100% el promedio de los países que encabezan esta organización internacional.
Cabe entonces preguntarnos ¿el crecimiento económico se ha reflejado en un desarrollo social?¿hasta qué punto la desigualdad en el ingreso se convirtió en un factor catalizador en el quiebre de la sana convivencia social? y por último ¿puede la educación ayudarnos a disminuir estructuralmente la brecha de la desigualdad?. Creo que el reto es mayor, el problema debe ser enfrentado multidimensionalmente y atacado desde sus bases estructurales.
El país debe enfrentar el desafío de alcanzar una economía más justa, fuerte y limpia, con una ciudadanía comprometida con el bienestar de la comunidad nacional, donde la solidaridad se dirija no solo a vivir mejor, sino a vivir mejor juntos. Este breve análisis de la desigualdad en Chile contextualizado tanto en el índice de pobreza nacional y la posición del país frente a sus pares OCDE, debe hacernos pensar en la importancia de que el país logre transformar el crecimiento económico en desarrollo social, que se traduzca en un beneficio para la sociedad mediante una justa distribución de las riquezas, y para ello, la brecha desigual del sistema educacional debería constituirse en una de los primeros desafíos a enfrentar por las autoridades: la educación constituye una herramienta vital para el desarrollo de la sociedad, ya que no solo debiera formar mano de obra obediente y capacitada para ocupar las plazas laborales que el mercado requiere, sino que es el medio legítimo para formar individuos capaces de defenderse, organizarse y establecer mecanismos que logren sanear y alcanzar la tan anhelada equidad, gracias a las potencialidades reprimidas que el sistema actual se esmera en mantener pasivas.

Pablo A. Guerrero Oñate

Investigador CECA

Mg. en Historia PUCV