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A un año del “mayo chilote”: preguntas que siguen abiertas

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La coyuntura actual que hoy tiene Aysén como foco de atención por la gran mortandad de salmones y la reciente aparición de Floraciones Algales Nocivas en el archipiélago, son episodios que nos invitan a generar ciertos análisis que evidencien aciertos y errores de lo vivenciado durante el año 2016 en Chiloé. Hacer este ejercicio, nos permite, desde la organización territorial, proyectar formas de defensa y estrategias políticas tendientes a proteger nuestro espacio local.

Situado al sur de Chile, el archipiélago chilote se ha destacado históricamente por poseer una cultura definida desde su particularidad insular, característica que ha permitido la configuración de ciertas estructuras socio-económicas de interrelación entre el mar y el campo. De allí que Chiloé desarrolló una economía de subsistencia en base a la extracción de recursos marinos, el desarrollo de la ganadería y de la agricultura, características que aún son patentes en este territorio. Estas lógicas económicas no pueden entenderse sin las especificidades de una cultura comunitaria, de solidaridad y reciprocidad.

Sin duda, estas peculiaridades culturales fueron paulatinamente transformándose al alero de la introducción de la industria salmonera al finalizar los años 70’s. Este proceso, basado en las políticas económicas de la dictadura, produjo una serie de consecuencias negativas en la vida de los/as chilotas y el medio ambiente del archipiélago: la proletarización del campesinado en la industria salmonera, caracterizado por extenuantes jornadas de trabajo, con costos negativos en la salud física y psicológica de los y las trabajadoras, generó, a su vez, cambios culturales importantes. A nivel medioambiental, como consecuencia de una política extractivista   -evidente en la alta contaminación derivada del exceso de residuos orgánicos e inorgánicos- se generaron irreparables daños en la flora y fauna marina.

Aunque los efectos de esta industria han sido cuestionados en diversas instancias, no fue sino hasta mayo de 2016 cuando la crítica se hizo transversal. Sin miedo a caer en aforismos, podemos decir que lo que vivió Chiloé durante este año se trató de un proceso político nunca antes visto: a raíz de la masiva varazón de moluscos en las costas del archipiélago, se generó en la población una indignación espontánea y sin mayor planificación que buscó, en primera instancia, apoyar a los trabajadores del mar directamente afectados por la crisis. El descontento se hizo mediático y se abrieron los espacios para dar a conocer el nivel de la catástrofe medioambiental que, a poco andar, fue atribuida como una consecuencia del modelo extractivista-salmonícola.

Dada la magnitud de las movilizaciones, que se extendieron por toda la provincia, se hace necesaria la reflexión y la búsqueda de aprendizajes, a objeto de pensar el fortalecimiento de organizaciones posicionadas desde y para el territorio.

Y es que si bien la crisis medioambiental de mediados de 2016 puede ser explicada a partir de diversas posiciones, puesto que no hay una interpretación científica unívoca respecto a las causas del bloom y, desde la otra vereda, la ciudadanía, los investigadores y los organismos gubernamentales no llegaron a acuerdo al respecto, es claro que este hecho condujo a nuevas reflexiones políticas desde la sociedad civil.

En primer lugar, uno de los efectos que consideramos más trascendentales respecto a la generación y posicionamiento de nuevas ideas, fue el amplio cuestionamiento al modelo de desarrollo extractivista impuesto en la región. Es claro el surgimiento de un discurso crítico frente a un patrón de crecimiento económico que, hasta ahora, parecía naturalizado y legitimado por la sociedad chilota. Este tipo de análisis representa el germen de una defensa territorial que en la actualidad tiene a los y las habitantes del archipiélago atentos frente a la posibilidad de nuevas explotaciones económicas de carácter primario, especialmente en lo referente a la minería.

Por otra parte, se hace evidente que el discurso desplegado por los habitantes de Chiloé se sustentó y alimentó de una autoconciencia identitaria, basada en la idea de que el pueblo chilote ha vivido históricamente de la extracción de recursos marinos, lo que claramente configura su ideario cultural.

Podemos visualizar, entonces, que durante las protestas de mayo la voz de la comunidad tuvo relevancia y se encausó hacia un tipo de organización de tintes territoriales y evidentemente políticos: no solo se denunció la crisis y se pidieron soluciones a corto y mediano plazo, sino que se levantó un discurso que ponía en la palestra el carácter extractivista de la principal actividad productiva del archipiélago; además se responsabilizaba al Estado en calidad de cómplice de la crisis y, de paso, se recordaba el histórico abandono en que el pueblo chilote se siente frente a las decisiones de la autoridad central.

Aunque el gobierno no se hizo cargo de las demandas de largo plazo y en todo momento evadió el debate de fondo sobre la regulación medioambiental y el modelo de desarrollo para Chiloé -y para el país-, lo sucedido en mayo representa una rica experiencia de participación política y compromiso social en una provincia distante de los centros de decisión.

Al mismo tiempo, este episodio da cuenta de las tareas pendientes para los movimientos sociales, regionalistas y ecologistas de todo el país: por un lado, se hace evidente la necesidad de articular los espacios de organización existentes y desarrollar pensamiento amplio con base territorial. Durante las protestas no existió una única orgánica capaz de canalizar las demandas de la ciudadanía. En parte, ello puede deberse a una escasa historia de participación política ciudadana en el archipiélago y a las dificultades propias de la geografía chilota, asociadas a la fragmentación del territorio y la existencia, producto de lo mismo, de variadas realidades rurales. Con la distancia que da el tiempo, parece claro que el movimiento chilote del 2016 necesitó de una organización territorial sólida, que permitiera la articulación provincial del descontento.

Por otro lado, se hizo clara la inexistencia de propuestas en torno a un modelo de desarrollo distinto de parte de los sectores organizados. No fuimos capaces de levantar un discurso propositivo, que planteara estrategias para avanzar hacia un patrón económico sustentable en el archipiélago, que fomente nuevas formas de producción como alternativa al modelo extractivista e, incluso, que genere un discurso de reapropiación del pasado chilote, a partir del fomento de una economía autónoma.

En este sentido, el mayo chilote no es valioso por las respuestas que logró suscitar de parte de la institucionalidad, escasas y cortoplacistas, sino por las interrogantes que dejó abiertas a los movimientos sociales, respecto a cómo organizarse y a qué objetivos apuntar. Vale la pena observar si estas preguntas se traducirán en nuevas propuestas y prácticas de desarrollo y organización local en nuestro archipiélago.

Amanda Barría Cárdenas

Investigadora CECA

Marzo, 2017

Castro, Chiloé